Diferentes normas legales obligan a disponer de un canal de denuncias, que puede ser único y debe permitir realizar comunicaciones incluso de forma anónima. Hay regulado un régimen sancionador para aquellas empresas que incumplan. Algunas referencias normativas:

• Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019.
• Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Con independencia de las citadas obligaciones normativas, los canales de denuncia son un componente esencial en cualquier sistema eficaz de gestión de riesgos de Compliance, ya que fomenta una cultura ética empresarial, propicia una mayor confianza y reputación entre los accionistas, empleados, clientes y proveedores en la empresa, propicia una mejora en sus índices ESG, es una vía efectiva para generar eficacias, ahorrar costes y tiempos a la empresa y es un buen medio para conocer lo que ocurre dentro de la empresa de una manera objetiva, segura y confiable.
La denuncia es el principal método de detección de fraude tanto en PyMES como en grandes empresas. La detección a tiempo de incidencias y posibles infracciones legales, permite a la empresa planificar su reacción, iniciar las investigaciones pertinentes, subsanar los daños y notificar a las autoridades cuando corresponda.